En cuatro años, España ha perdido 11.000 investigadores

En  el año 2013, el número de investigadores a jornada completa en España se ha reducido en 11.000 personas, según los últimos datos oficiales del INE (Instituto Nacional de Estadística).

En cuatro años, España ha perdido 11.000 investigadores

Es una mala época para la economía, y las consecuencias en el ámbito de la ciencia están siendo desastrosas. Los últimos datos sobre investigación se han dado a conocer recientemente y corresponden al año 2013.

Las cifras asustan: de los 134.653 investigadores que trabajaban a jornada completa en España en el año 2010, se ha pasado a 123.224 en el año 2013. Se trata de un descenso equivalente al 8,5% y que acerca las cifras de la investigación a los datos correspondientes al año 2007.

Por otra parte, el gasto en I+D en 2013 fue de 13.012 millones de euros, la cifra más baja desde el año 2006. Los mayores descensos con respecto al periodo de 2012 se dieron en las comunidades autónomas de Castilla y León, Cantabria y Castilla La Mancha.

Por su parte, las comunidades en las que se redujo menos esa inversión fueron Extremadura (donde aumentó) y Madrid.

Tristes noticias para la ciencia y la investigación

La investigación científica es uno de los motores principales para el progreso en cualquier sociedad, y las políticas de ahorro y recorte en el corto plazo pasan factura en el desarrollo económico a largo plazo.

Por otra parte, reducir las inversiones y el número de personas que trabajan en el sector provoca una pérdida importante de calidad en la investigación, cuyos efectos se hacen sentir también en las aplicaciones inmediatas.

Esta infografía sobre las consecuencias de la “investigación mal hecha” podría ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de mantener unos niveles de calidad aceptables que conduzcan a un auténtico progreso en el futuro inmediato y a largo plazo.

Costs of Research Misconduct
(Fuente de la infografía: Visual.ly).

1 comentario


  1. Asunto: La investigación científica en España
    Autor: Federico Canalejo Enrique
    Escrito el 25/4/2002

    Razones al principio geográficas, después religiosas, luego políticas, más tarde sociales y muy recientemente económico-político-sociales, todo mezclado con la situación climática-meridional, han contribuido a condicionar de alguna forma que en la Península Ibérica se investigue poco y mal. Desde la Edad Media, pasando por la derrota del reino nazarí de Granada, con la subsiguiente invención de la Inquisición, quema de libros y brujos, (sic sabios) que se quedaron por aquí, quedó un rescoldo de miedo y opresión por doquier que se tradujo en una inhibición por todo lo que oliera a conocimiento y sabiduría.

    Estábamos en ésta cuando Europa se impregnó de Renacimiento y aquí casi ni nos enteramos; luego vino la ilustración y, salvo Jovellanos, pasó sin pena ni gloria. De la Revolución Francesa nos enteramos porque los “gabachos” nos visitaron de mala manera, de poco se aprovechó la sociedad hispano-lusa de sus reformas. De las reformas y contrarreformas religiosas ni hablar,

    Con estos pelos nos pilló la revolución industrial. Aquí estábamos muy atareados con las guerras carlistas, lo de Cuba y Filipinas, por no contar lo de Marruecos. Total que, tras la asonada de Primo de Rivera, el valle florido de esperanzas de la República, el golpe franquista y la transición, nos encontramos con una investigación científica en pañales que los sucesivos gobiernos democráticos han dejado al margen, sin comprender que con ese 0,9% del PIB dedicado a investigación -sin descontar los gastos en investigación militar incluidos en ese porcentaje- nos encontramos a la cola de Europa y del mundo en gasto en investigación científica y técnica.

    Mientras no sea una cuestión de Estado como en su día lo fueron las redes de carretera aún sin completar, aeropuertos, puertos y ferrocarriles de alta velocidad, este país y también nuestros vecinos portugueses no despegarán nunca del semidesarrollo cultural y científico-tecnológico que por nuestra situación geográfica nos corresponde. Mientras no elevemos el porcentaje de investigación al 2 ó 2,5% en los próximos 5 años y hagamos un desembolso de 5 billones de pesetas, no alcanzaremos a nuestros vecinos europeos en la próxima década.

    Llevar a cabo un gran proyecto de investigación científica e innovación tecnológica es la asignatura pendiente más notoria que nos queda a los españoles por resolver desde la noche de los tiempos, allá por la alta Edad Media, a partir de los siglos XV y XVI que supuso la ruptura con la cultura y la ciencia de los árabes y los sefardíes, la posterior expulsión de los moriscos y los judíos, por los Reyes Católicos, continuada con Felipe II y rematada con la instauración de la Inquisición, así hasta nuestros días.

    El divorcio entre ciencia y sociedad ha continuado en este país y todavía no despega debido a la falta de interés político de nuestros gobernantes. A esta falta de voluntad no debemos de olvidar que “la ciencia debe ser cuestión de Estado” es por lo que avanzamos con tan gran dificultad entre los países más desarrollados de nuestro entorno. Y por lo que estamos tan atrasados en cuestiones de ciencia y tecnología.

    Si en algún aspecto existe hoy consenso en la comunidad científica es sobre la existencia en España de una generación de jóvenes que, por primera vez, poseen capacidades comparables con las de otros países desarrollados, pero no encuentran la posibilidad de usarlas por falta de puestos. De ahí que se suscitaran grandes esperanzas cuando el novísimo Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció el año pasado un plan para la recuperación de cerebros.

    Aquel anuncio se ha concretado en el Plan Ramón y Cajal, que prevé para este año la creación de 800 plazas laborales para investigadores en las universidades y otros centros, y 2.000 plazas en total hasta el año 2003. Se cubrirán mediante contratos de cinco años, pero el Ministerio plantea a universidades y comunidades autónomas el compromiso de convertirlas en fijas una vez finalizado ese periodo, siempre y cuando el científico contratado cumpla con las expectativas.

    En una primera aproximación, la valoración es positiva. Se ofrece una vía de integración en el sistema de ciencia a dos millares de jóvenes doctores que, de otra manera, deberían seguir desarrollando su trabajo en el extranjero o abandonar la investigación. Pero si el planteamiento es positivo, su concreción no lo es. Inicialmente se anunciaron contratos de cinco años, ampliables en cinco más. Ese segundo quinquenio se ha caído y ha sido sustituido por un débil compromiso sobre la eventual fijeza de la plaza. Esta exigencia, además, ha sido planteada por el Ministerio por sorpresa. Las Universidades se encuentran ahora ante una difícil disyuntiva: improvisar planes para no perderse las plazas del Ramón y Cajal o renunciar a ellas, porque el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 8 de mayo de 2001.

    Como ha pasado ya con otras iniciativas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una buena idea corre el peligro de malograrse porque se aplica de manera confusa y sin el suficiente debate. Valdría la pena que el Gobierno se planteara promover un gran acuerdo global que permita a la ciencia en España alcanzar el lugar que se merece.

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